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El falso pero conveniente dilema de la ley de comparendos ambientales

publicado a la‎(s)‎ 20 oct. 2010 16:38 por Enda Colombia
La ley 1259 de comparendos ambientales fue aprobada por el Congreso de la República, en diciembre del año pasado, en ella se establecen 18 conductas frente al manejo de residuos identificadas como nocivas para el ambiente; además se establecen las sanciones que dichas conductas acarrearan a los infractores, así como determina las responsabilidades de monitoreo, seguimiento y aplicación de las sanciones, vinculando a las administraciones municipales, la policía nacional, la policía de transito, los inspectores de policía, los corregidores y a la sociedad en general. 

Esta ley surge ante la ausencia de un componente sancionatorio efectivo frente a algunas las conductas nocivas para el ambiente, es decir que pese a la gran cantidad de normativa sobre manejo adecuado de residuos, dicha normatividad no era obedecida ni apropiada, es decir carecían de legitimidad por desconocimiento, dificultad en su monitoreo y sanción. 
Lamentablemente esta ley a través de los numerales 6, 14 y 15, deshace su objetivo principal de defensa del ambiente sano al criminalizar la labor de la población recicladora.

Es así como esta ley considera sancionable… el Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en concordancia con el Decreto 1713 2002. (Articulo 6) … el Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se transforman residuos sólidos. (Articulo 14). Y… el Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados. (Articulo 15). 

De esta manera la ley sanciona las tres etapas constitutivas de la jornada diaria de un reciclador: la extracción de materiales reciclables de las bolsas de basura dejadas en el espacio publico para su recolección por parte del servicio público de aseo; su acarreo en un medio de transporte de tracción humana o animal, y su comercialización. 

Recordemos que gracias a esta labor más de 18000 familias en Bogotá y más de 80.000 familias aproximadamente en el país, aseguran su sobrevivencia.  Además de realizar con ella un significativo aporte ambiental. Según un estudio de 2007, la población recicladora del país se encargaba de recanalizar el 10% de los 25 mil toneladas diarias de residuos producidos, evitando así que un promedio de 2500 toneladas diarias vayan a dar a rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto. Este volumen significativo iría de nuevo a contaminar si se criminaliza esta labor, por ello se reafirma la idea según la cual la ley 1259 logra el objetivo contrario para el que fue creada: termina desestimulando una práctica ambiental fundamental en nuestras ciudades. 

Recordemos además que la población recicladora suple las carencias que los gobiernos municipales a través de sistemas de aseo concesionado han demostrado frente a la recuperación de residuos reciclables. 
 
Ahora bien y para finalizar. Que conveniente una ley que tiende por la erradicación de la población recicladora, estando ad portas de una nueva estructura tarifaria y una nueva licitación, en la cual a manera de incentivo para las empresas de aseo, se les va a permitir comercializar el material reciclable que ellas recuperen… Esta es mucha coincidencia.

Afortunadamente ha salido gracias a la acción de los recicladores organizados de Cali y a la ONG Civisol, una nueva sentencia de la corte constitucional, la t - 291 de 2009 que se convierte en la determinación política mas importante quizás en la historia del reciclaje popular al generar un precedente de defensa de los derechos de los recicladores y la instauración de mecanismos dignos, sostenibles y con cobertura para su inclusión.
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